Dos médicos son condenados por homicidio culposo tras cirugía practicada en pandemia
Un juez de conocimiento condenó en primera instancia al odontólogo David Martínez y al anestesiólogo Luis Fernando Ortiz por su responsabilidad en la muerte de una mujer que se sometió a una cirugía maxilofacial en Bogotá, en plena emergencia sanitaria por el Covid-19. Ambos fueron hallados responsables, como coautores, del delito de homicidio culposo y recibieron una pena de 32 meses de prisión.
La decisión se produjo después de que la Fiscalía General de la Nación demostrara que el procedimiento fue practicado pese a las restricciones vigentes en ese momento, las cuales prohibían la realización de intervenciones médicas que no fueran urgentes o prioritarias.
Los hechos ocurrieron el 9 de junio de 2021, cuando la paciente ingresó a una clínica del norte de Bogotá para someterse a una cirugía maxilofacial. La intervención duró cerca de cuatro horas y, al finalizar, fue llevada a la sala de recuperación.
Con el paso de las horas, el equipo médico detectó que la mujer presentaba una complicación neurológica que requería atención en un centro hospitalario de mayor complejidad. Sin embargo, su traslado no pudo realizarse de inmediato debido a las limitaciones existentes durante la emergencia sanitaria.
Aunque finalmente fue remitida esa misma noche, su estado de salud continuó deteriorándose y falleció el 16 de junio de 2021 a causa del progresivo compromiso neurológico.
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que la cirugía no cumplía con los criterios para ser considerada un procedimiento urgente, por lo que no estaba permitida bajo las medidas establecidas en el Decreto Distrital 199 del 4 de junio de 2021, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Según el ente acusador, dicha normativa restringía la realización de procedimientos no indispensables con el fin de preservar la capacidad del sistema de salud para atender la emergencia provocada por la pandemia.
Tras evaluar las pruebas presentadas, el juez concluyó que ambos profesionales incurrieron en responsabilidad penal por haber realizado una intervención que no estaba autorizada en ese contexto y los condenó por homicidio culposo.
La Fiscalía aclaró que se trata de un fallo de primera instancia, por lo que la decisión aún puede ser apelada mediante los recursos previstos en la ley antes de quedar en firme.
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