A 137 metros del Ejército: investigan mina que habría financiado al Clan del Golfo
Una investigación periodística reveló que la mina de oro ‘La Mandinga’, presuntamente vinculada al Clan del Golfo, habría operado dentro de una instalación del Ejército en el noroeste de Colombia.
El principal hallazgo apunta a una posible infiltración minera en el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles, en Caucasia (Antioquia), donde la explotación no se desarrollaría en zonas aledañas, sino dentro del perímetro de la base militar.
Imágenes captadas por drones y satélites evidencian que la extracción de oro se realizaba a tan solo 137 metros de las instalaciones, incluso en áreas cercanas a dependencias internas del batallón.
Según la investigación, esta actividad ilegal también habría servido como fuente de financiamiento ilícito para el grupo armado, fortaleciendo su capacidad operativa y control territorial.
El fotógrafo freelance Federico Ríos, colaborador de The New York Times, aseguró en entrevista con La FM que logró documentar la minería ilegal dentro de un batallón del Ejército como parte de un trabajo sobre la trazabilidad del oro.
Entrega de título minero genera controversia
El caso cobra mayor relevancia tras conocerse un evento oficial en el que se promovía la formalización minera, el cuidado ambiental y la planificación del territorio.
Durante la ceremonia, el presidente Gustavo Petro entregó el primer título minero a Hermelina Isabel Cardozo Calle, quien figura como titular del contrato de concesión y de las licencias de explotación de la mina ‘La Mandinga’, según documentos oficiales.
La Agencia Nacional de Minería (ANM) aprobó el contrato en abril de 2024, luego de que Corantioquia otorgara la licencia ambiental en agosto de 2022.
Ejército había advertido sobre devastación
La polémica se intensifica debido a que el propio Ejército Nacional ya había alertado sobre la situación en la zona.
Un informe militar del 13 de diciembre de 2022, firmado por el teniente Héctor Leonardo Saavedra, advertía sobre la grave devastación ambiental ocasionada por actividades de extracción ilegal en el predio Mandinga, colindante con el batallón. El documento señalaba la remoción y desaparición de amplias zonas de montaña.
Adicionalmente, el terreno tendría antecedentes vinculados al exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, y debía estar bajo la administración del Fondo de Reparación para las Víctimas, según confirmó el ministro de Defensa.
Medidas tras el escándalo
Tras la publicación de la investigación y la repercusión internacional del caso, las autoridades adoptaron medidas de urgencia.
La Agencia Nacional de Minería emitió una resolución que ordena vigilancia especial sobre la mina ‘La Mandinga’ y reasigna el control del título al Grupo de Seguimiento y Control de la Zona Occidente para iniciar las indagaciones.
En paralelo, las autoridades buscan ubicar a Hermelina Cardozo Calle para que entregue su versión. El caso genera interrogantes, ya que, mientras el Ejército denunciaba minería ilegal en la zona, la titular del contrato reportaba el pago de regalías al Estado.
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